Uno de los métodos más cómodos para deshacerse de personas es generar inconformidad contra gente que siendo de otro pensamiento político ocupa espacios en puestos estatales.
El mensaje es que son ñoquis, gente que no trabaja, siendo que tal situación se da, no sólo por alguien que acepta el rol sino por el que lo ofrece.
Desde siempre el empleo en el estado es una moneda de cambio, los puestos se reparten en función de un apoyo, cuyo nivel depende del puesto ofrecido, usualmente y en general se usa para devolver favores.
Es así que las plantas estatales se llenan de personas cuya función genera suspicacias, desvistiendo el acto de “empleo” en su principal factor: el producto de un trabajo.
La práctica no es ajena al actual gobierno, con la salvedad que los perfiles de los puestos comprometidos es superior a la disponibilidad, para el recambio, necesitarán despedir a gran cantidad de personas para un puesto equivalente en costo, de nivel superior.
El primer movimiento de este gobierno es revestir de dudas el producto del trabajo de las personas que despide, emitiendo el concepto de “ñoqui”, personas que cobran por un trabajo que no realizan.
Pero es como si el muerto de riera del degollado, es fácil encontrar ñoquis políticos, sus actuaciones son visibles, pero dotados de la impunidad que les da, en algunos casos el voto, en otro el poder, y en otros más la capacidad de negociación, es irritante que se produce un choque entre la economía y la ética moral para exigir lo que en sí mismos no son capaces de cumplir.
Es así que Gabriela Michetti, por ejemplo, de quien no se sabe si es una ganadora o una damnificadas, debido a que su actuación política ha sido cortada de cuajo por Mauricio Macri, quien cumplió con la consigna de tener cerca a los amigos, pero más cerca a los enemigos, sería comisionada a hacer espacio, echando gente, para los amigos del poder, moneda de cambio con que el presidente tiene que responder ante los apoyos políticos.
Aunque con marchas y contramarchas, la Viceministro ostenta la función de echar a personal del estado, cosa en la que resulta eficaz, ya que los números, por ahora, la dan como la gran ganadora, hablándose de una cesantía de más de 4000 personas, el mayor número declarado.
La excusa es que no trabajan, o que no cumplen horarios; no hay ninguna referencia a la valoración laboral, ya se espera, será invisible en los medios.
Sin embargo, la gráfica muestra la actuación de los políticos que se arrogan el derecho de echar gente por no cumplir con sus trabajos.
Son los efectos de la “Revolución de la alegría”.